Mónica Chuji

agosto 15, 2007

http://monicachuji.files.wordpress.com/2007/08/monica.jpg?w=333&h=448DATOS PERSONALES
Nombres Mónica Patricia Chuji Gualinga
Nacionalidad Ecuatoriana y Kichwa Amazónica
Fecha/lugar de nacimiento 30 de octubre de 1973, Sarayaku, Pastaza
Información adicional Miembro activa de la Comunidad Sarayaku de Sucumbíos (amazonía) base de la confederación CONAIE.

ESTUDIOS

  • Estudios de maestría en Estudios Socio- Ambientales, FLACSO-Ecuador
  • Formación en Derechos Humanos, Derechos Indígenas, OHCHR- Instituto Pedro Arrupe, Universidad de Deusto, Bilbao, España
  • Licenciada en Comunicación Social, especialidad Desarrollo. Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, Escuela de Comunicación Social, Universidad Politécnica Salesiana, Quito, 2000

EXPERIENCIAS

  • Candidata a Asambleísta Nacional por la lista 35 Acuerdo País
  • Ex Ministra de Comunicación y Portavoz del Gobierno del Ecuador
  • Presidenta de la Fundación Comunicación, Educación y Derechos “Tukui Shimi” (Todas las Voces)
  • Consultora en Derechos Humanos, Derechos Colectivos e interculturalidad de OHCHR-UNDP-Naciones Unidas Ecuador
  • Dirigenta de la Federación de Organizaciones de la Nacionalidad Kichwa de Sucumbíos-FONAKISE
  • Capacitadora del Proyecto Andino de Promoción de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y Afro Descendientes, OHCHR y el UNDP.
  • Coordinadora “Formación de Mujeres Kichwas con Énfasis en los Derechos Humanos.
  • Asesora en Derechos Humanos y Relaciones Internacionales de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE.

PUBLICACIONES

  • Los medios de comunicación indígenas en el fortalecimiento organizativo y los derechos humanos, Universidad de Deusto-España.
    Mujeres indígenas y la participación política, Quito Ecuador.

PROPUESTAS PRINCIPALES PARA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR

agosto 15, 2007

Mónica Chuji
Candidata a Asambleísta Nacional por Acuerdo País[1] (lista 35)
Agosto de 2007

ANTECEDENTES

Históricamente, el constitucionalismo ha estado vinculado a la contraposición entre Estado y Mercado. En el siglo XIX, el proyecto político liberal tenía dos objetivos claros: construir un Estado Nación que sirviera a los intereses de las clases propietarias dominantes y; asegurarse la supremacía del mercado y de la libre empresa sobre el Estado, que era concebido como un simple gendarme de esa libertad.

A comienzos del siglo XX, por influencia de los movimientos sociales y revolucionarios, el péndulo de la historia se desplazó al otro extremo y el Estado comenzó a tener un papel dirigente sobre la sociedad y el mercado, a través de la aparición de llamado Estado de Bienestar.

A mediados de los años 70 del siglo pasado, se rompe el consenso alrededor de los beneficios y las potencialidades del Estado de Bienestar, debido a la incapacidad de éste de mantener el nivel de respuesta a las crecientes demandas ciudadanas; así aparece la propuesta neoliberal de disminución del Estado y la eliminación de su influencia sobre el mercado y la vida social.

Esta visión dicotómica, que se expresa en los binomios Estado – Mercado y Poder – Libertad, ha entrado en una profunda crisis y, como consecuencia de ello ha irrumpido con fuerza en el escenario político nuevos paradigmas que conciben los problemas sociales y políticos desde perspectivas más amplias y diversas, que incorporan al debate público cuestiones tales como la actual e histórica realidad pluricultural del país, equidad de género, el medio ambiente, descentralización; en definitiva, ahora se incorpora demandas ciudadanas allí donde solo existía discusión económica y política.

Ahora es oportuno desarrollar una propuesta que supere, por primera vez en la historia constitucional ecuatoriana, dicha contraposición y abarque desde una perspectiva sistémica todos los temas arriba mencionados, desde una visión imaginativa, alternativa y progresista, de tal manera que se genere un nuevo modelo constitucional que, sin desechar los avances del constitucionalismo global, incorpore a la estructura constitucional una normativa integral que tome en consideración, y tenga como eje, la protección de la vida en todas sus manifestaciones: natural, social, cultural, política y económica.

El Ecuador atraviesa uno de sus momentos más complejos de su historia política, un momento en el que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Este momento político es la expresión y confluencia de varios procesos políticos, entre los cuales puede resaltarse: la emergencia, movilización y consolidación del movimiento indígena ecuatoriano y sus propuestas de Estado plurinacional, desde inicios de los años noventa; la emergencia de nuevos actores sociales y nuevos discursos políticos, como es la presencia de los sectores ciudadanos; el agotamiento de las políticas de ajuste y reforma estructural de carácter neoliberal; la pérdida de legitimidad de los partidos políticos y de la clase política tradicional; la creciente pérdida de credibilidad de las instituciones del Estado; la pérdida de la moneda nacional y la esquizofrenia de los precios provocada por la dolarización de la economía; la población que ha tenido que huir de la crisis económica y política y ha generado un proceso de grandes dimensiones demográficas, como es el caso de los migrantes; la continua erosión de la estructura productiva interna; el deterioro ambiental, etc.

La debilidad institucional y la nula eficacia de la acción del Estado, a la hora de coordinar a los agentes sociales y económicos alrededor de las metas de desarrollo social equilibrado y sustentable, han generado un país fragmentado, con pequeñas islas de modernidad y prosperidad al lado de inmensos sectores en situación de pobreza, exclusión, marginalidad y precariedad social. El actual modelo de gestión estatal ha sido incapaz de superar problemas tan obvios como el agotamiento del Estado centralista; la exclusión de los ciudadanos respecto del sistema político; conflictos por el uso y ocupación de la tierra y el agua; inequidades del desarrollo regional; deterioro ambiental; la desarticulación entre los distintos niveles de gobierno y la falta de democracia, transparencia y participación.

Un nuevo paradigma constitucional en su integridad requiere, en el plano institucional, la generación de un nuevo sistema político que recupere las dimensiones de lo público y de la diversidad de la vida cultural y social; y que garantice la recuperación de las capacidades estatales de regulación económica y redistribución equitativa de la riqueza del patrimonio natural y humano.

Este cambio constitucional, para que sea eficaz y duradero, debe ser el resultado de un proceso consensuado, democrático, amplio y pluralista en el que participen activamente todos los y las ecuatorianas en la definición de los principios que enmarcaran el desarrollo institucional futuro.

El carácter progresista de la transformación institucional en la que el Ecuador se ha comprometido se garantiza desde la participación ciudadana en el proceso constituyente, en contraposición con las reformas estructurales del Estado y la economía a lo largo de los años 90; así se explican los resultados de las elecciones de noviembre de 2006 y abril de 2007, que demandan una transformación que deberá democratizar y definir las nuevas características institucionales y administrativas que se requieren para afrontar los retos de la construcción de una patria nueva para todos y todas.([2])

LA PROPUESTA POLÍTICA DE MÓNICA CHUJI

Como mujer joven, indígena kichwa ecuatoriana, comunicadora y madre de familia, considero que la propuesta constitucional de la candidatura a Asambleísta Nacional por Acuerdo País, incluye elementos de una sensibilidad y comprensión que parten de esta identidad. La pertenencia al pueblo kichwa amazónico de Sucumbíos demanda una visión intercultural de lo que es el Estado, la sociedad, el desarrollo y las demandas estratégicas que permitan construir en la Asamblea Nacional Constituyente un nuevo Ecuador, con un Estado pluricultural, basado en la democracia constitucional, que garantice para todos y todas el bienestar, la equidad y la gran diversidad cultural, espiritual y social, ancestral y moderna, que constituye nuestro país, así como el conjunto de los países americanos; con una institucionalidad pluralista, incluyente y participativa que democratice el quehacer del Estado; con propuestas que defiendan el gran patrimonio natural y humano de los y las ecuatorianas para las futuras generaciones.

A continuación presento una breve reseña de las propuestas principales que promoveré como Asambleísta:

El Estado Plurinacional como garantía para la unidad en la diversidad

El concepto de Estado Plurinacional no es solamente un concepto étnico, ni tampoco un concepto cultural, es la propuesta para garantizar la unidad en la diversidad; es el reconocimiento de la enorme diversidad que somos como seres humanos.

El Estado Plurinacional debe garantizar la unidad en la diversidad, y para ello, deberá crear las leyes e instituciones que permitan garantizar esa unidad en la diversidad. Ello implica reformas de tipo jurídico en la parte dogmática de la nueva Constitución, declarando al Ecuador como Estado Plurinacional.

La propuesta de Estado Plurinacional, implica una reflexión profunda sobre los tipos de derechos que deberían constar en nuestros marcos constitucionales, porque hasta el momento, tanto los derechos de primera y de segunda generación hacen referencia a un sujeto jurídico de carácter individual, mientras que los derechos de tercera generación aún no han desarrollado un alcance equivalente a aquellos de la primera generación. En otras palabras, considero pertinente que deberían crearse marcos jurídicos para dotar al sujeto comunitario de los mismos derechos que el sujeto individual del derecho liberal.

La Constitución de 1998 incorporó un modelo económico como parte de la contractualidad social, éste fue el modelo neoliberal bajo el concepto de “economía social de mercado”. En el Estado Plurinacional, el modelo económico está basado en la equidad y solidaridad plurinacional, esto es, el respeto a las formas tradicionales de producción, distribución y consumo, la solidaridad en la producción con sectores vulnerables, el respeto a las futuras generaciones.

Un Estado basado en la democracia constitucional.

La democracia liberal se ha reducido a sus procedimientos más operativos de controlar los conflictos sociales garantizando las estructuras de poder. Frecuentemente, en las votaciones, elegimos pero no cambiamos la estructura de poder, porque como ciudadanos no existen instrumentos que hagan de nuestro voto un mecanismo de control, fiscalización y ejercicio real de la democracia. La alternativa es la construcción de un Estado basado en la democracia constitucional, un sistema político en el que, a más de los tradicionales poderes del Estado representados por el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, exista un organismo superior, con representación plurinacional, que controla la legalidad de la actuación de los otros tres: El Tribunal Constitucional.

Una Estado democrático constitucional tendrá las siguientes características:
1)
Se rige por un texto normativo supremo, la Constitución, que determina la estructura organizativa del Estado y los derechos de los ciudadanos y las comunidades, de tal forma que los postulados constitucionales priman por sobre el contenido de las leyes, que pueden ser formalmente válidas pero inaplicables por su contradicción con la carta suprema;

2)
El Estado está al servicio del individuo y las comunidades, que son el fin último de su accionar y su obligación es garantizar la plena vigencia y realización de sus derechos constitucionales;

3) El juez constitucional es el facultado para controlar la armonía de las leyes con la constitución y para proteger a los ciudadanos y comunidades en caso de violación de sus derechos.

Derechos civiles

La ciudadanía reconocida por el Estado ecuatoriano debe definirse con claridad. El conjunto de derechos civiles debe cubrir a todos y todas quienes somos parte del Ecuador, reconociendo la realidad e historia pluricultural y plurinacional de la sociedad ecuatoriana y refiriéndose también a los extranjeros que vienen a trabajar y son constitutivos de nuestro país, desde la perspectiva de integración regional.

Los derechos civiles, planteando la equidad como núcleo, deben también proyectarse sobre el conjunto de la diversidad cultural, social y la persona humana. La Constitución Política del Ecuador que cambie el país debe incluir la capacidad y el reconocimiento pleno sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y los hombres, así como el derecho a elegir y ser elegidas.

Ciudadanía y nacionalidad

Nacionalidad y ciudadanía se encuentran diferenciadas en la actual Constitución Política de Ecuador. La ciudadanía es una condición que la concede el Estado; no así la nacionalidad, pues ésta es una existencia histórica. Desde el movimiento indígena se generó el debate y la posterior inclusión constitucional, en 1998, del Estado “pluricultural y multiétnico” y de que los indígenas son “nacionalidades”, así se marcan diferencias en este tema y se aclara que la ecuatorianidad se refiere a la ciudadanía, que otorga el Estado ecuatoriano desde su constitución en 1830.

Esta tema deberá ser debatido a profundidad, previa su articulación en el contexto del creciente reconocimiento y revalorización de la diversidad cultural, tendiente a la construcción de una nueva identidad nacional-regional, basada en el principio pluricultural de la unidad en la diversidad cultural, social y política.

Derechos Económicos y Sociales

Se deberá cambiar la definición de la economía estatal, pasar de la economía social de mercado a la economía solidaria que promueva la equidad y la participación consensuada de las comunidades y colectivos sociales, el Estado y posibles empresas inversionistas.

La economía deberá afianzar el ejercicio de los derechos humanos como esencia del nuevo Estado y no mantenerlos como mercancías al alcance de las clases más pudientes.

Derechos Colectivos

Debe buscarse la homologación de los derechos colectivos con el Convenio 169 de la OIT, pues son derechos constreñidos al esquema de la constitución vigente y de formas de instituir mercados sobre bienes y servicios ambientales. Es necesario instituir el derecho y el dispositivo de Consentimiento Fundamentado como complemento de los derechos territoriales, basándose en el principio de los derechos colectivos de las nacionalidades y pueblos. A la vez, se debe compatibilizar los derechos de las mujeres con estos derechos, en procura de un diálogo de interculturalidad y equidad de género.

Derechos culturales

Los artículos 62 a 65 De la cultura deberán ser revisados, de tal forma que aseguren un marco constitucional adecuado a la realidad pluricultural del país y la necesidad de impulsar la interculturalidad como una condición de la convivencia armónica y de paz social.

En particular, se requiere posicionar la cosmovisión y espiritualidad, y la sabiduría y los conocimientos ancestrales vigentes en la nueva constitución, así como la defensa y promoción de las y los portadores de esta misma sabiduría y conocimiento: las y los sabios comunitarios[3].

Deberá tratarse el tema del control y explotación de la sabiduría y los conocimientos ancestrales (sobre el uso y manejo de los recursos naturales), por parte de agentes externos a través de su privatización y comercialización (patentes), tema que requiere de un fortalecimiento de las normas sobre beneficios públicos, colectivos e individuales, monetarios y tecnológicos del patrimonio cultural, espiritual e intelectual de los pueblos y los demás sectores sociales.

Territorios y recursos naturales

Con referencia a la realidad pluricultural del país y a las propuestas del reordenamiento territorial político que se discutirán en la Asamblea, la nueva Constitución debe incluir la definición de la propiedad comunitaria y ancestral, de derechos sobre los territorios, fuentes de agua y biodiversidad; así como, la garantía de manejarse y desarrollarse autónomamente y fuera del mercado global.

Se debe incluir, por tanto, el carácter inalienable, imprescriptible e inembargable de las tierras y territorios indígenas, afroecuatorianas y de otras colectividades; la biodiversidad y las funciones ecológicas, los recursos naturales, incluso los recursos del subsuelo, los minerales, y dentro del mar territorial y la zona económica exclusiva; trazando claramente los derechos territoriales de las nacionalidades y pueblos preexistentes, de la sociedad en general y del Estado.

El Estado deberá proteger y conservar los recursos naturales como patrimonio de todos los ecuatorianos.

En relación con la democratización del régimen político

Con el objetivo de profundizar el régimen democrático, se proponen mecanismos y dispositivos de participación real, efectiva y que proyecte las voluntades y formas propias o históricas de la sociedad civil. Se propone establecer mecanismos de participación directa en las instituciones desde el ámbito parroquial, en todos los temas de trascendencia ciudadana, tales como manejo político, ambiental, educación, salud y metas o propuestas económicas.

De otra parte, generar espacios de debate sobre las políticas públicas que intervendrán en la vida de las comunidades, parroquias, cantones, provincias y otras circunscripciones territoriales. Es decir una institucionalidad democrática y profunda. Para ello se plantea superar la mera designación de delegados por parte de sectores ciudadanos, así como, que la representación misma sea transparente, pública y observada por sus representados. La representatividad debe tener funciones, capacidad de tomar decisiones y ser expuesta al examen, evaluación y mejoramiento por parte de sus representados. La representación debe poder ser derogada en caso de incumplimiento.

De otra parte el mismo Estado debe procurar en todas sus instancias, tanto seccionales autónomas como dependientes, institucionalizar espacios de debate con la ciudadanía. Los temas de Estado en todo nivel son temas de la ciudadanía.

Se deber revisar y profundizar los derechos humanos, económicos, sociales y culturales, incluso generar dispositivos que garanticen su cumplimiento. En esta materia es fundamental el tema del derecho a la comunicación como un derecho de varios actores y en varias dimensiones.

Comunicación e información

La democracia participativa nace y se sostiene en el libre intercambio de conocimientos y criterios (diálogo), conduciendo a la regeneración de tradicionales y la generación de nuevos estados, formas y procesos de conocimiento, entendimiento, concertación y toma de decisiones colectivas entre todos los diversos actores sociales del país. El derecho a la comunicación y al acceso a -y el intercambio de- la información es condición fundamental para construir y mantener un sistema democrático e incluyente.

Se debe complementar el horizonte constitucional vigente en el artículo 81 que se queda en el sesgo excesivamente individualista, por una dimensión centrado en lo público, la pluriculturalidad y plutinacionalidad, lo social e institucional. Los derechos de la comunicación deben partir desde el reconocimiento del sujeto colectivo e individual, de la interculturalidad; entendiendo que el derecho a la libertad de expresión se podrá ejercer de manera equitativa en el contexto y por medio del ejercicio de los demás derechos de la comunicación y derechos conexos, como el derecho a la educación y a servicios básicos, como viabilidad, electrificación, telefonía y conectividad digital.

La medida del ejercicio de los derechos de la comunicación será el uso y manejo de los medios de comunicación tradicionales y modernas, privados y públicos, comunitarios y barriales, por parte de los diversos pueblos y sectores sociales de país. Para esto el espectro radioeléctrico se mantendrá como un bien común nacional, eliminando los monopolios y promoviendo la descentralización de los diversos medios y sistemas de comunicación e información.

La nueva Constitución debe garantizar que el Estado establezca políticas de comunicación en el ámbito público, para el cual se requiere promover la creación de medios de comunicación públicos, especialmente de radio y televisión, cuya características se fundamentarán en ser independientes de los gobiernos de turno y de funcionar en base a principios de servicio público, sin fines de lucro. Paralelamente, y como extensión de estos medios públicos, se debe promover la implementación de redes de medios comunitarios, barriales y de sectores y grupos, desde la sociedad civil.

Sobre la formación, el entretenimiento y el acceso a los derechos de la cultura, la identidad, la equidad de género. Debe reconocerse y garantizarse a los medios de comunicación locales, alternativos, populares, comunitarios. Debe canalizarse que el Estado provea de servicios públicos de comunicación como una obligación subsidiaria a su garantía de los derechos educativos, de salud, de formación integral, e incluso los derechos colectivos y ambientales.

También debe incluirse marcos para la promoción y regulación de las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC), garantizando el acceso, uso y manejo de ellas por el conjunto de la sociedad, así aprovechando su gran potencial para el desarrollo.

Finalmente, con referencia a los derechos civiles respecto a la privacidad y tomando en cuenta el potencial mal uso de las TIC por parte de las autoridades públicas y las corporaciones privada para fines de control social y comerciales, entre otros, incumbe a la nueva Constitución establecer normas claras sobre las libertades y los límites del uso y manejo de información pública y privada.

Temas de confrontación ética, moral y social

La actual convivencia social ha puesto en el debate público temas que atraviesan profundamente las concepciones sociales, éticas y morales que, como sociedades hereditarias de una diversidad de normas, nos dificulta el asumir una posición abierta a las nuevas realidades y a las consecuencias de las nuevas prácticas sociales.

Estoy abierta para asumir un debate frontal, transparente, superando los dogmas y las radicalidades, enmarcada en el respeto de los derechos humanos de todos y todas, y sobre todo, considerando todos los estudios objetivos que se hayan realizado sobre los temas que enfrentan nuestras concepciones particulares.

El derecho al aborto, el matrimonio homosexual, la pena de muerte, la cadena perpetua, entre otros, son temas a los que, sin duda, deberemos responder; y en mi caso particular, responderé en el marco del irrestricto respeto a los principios de rehabilitación y reinserción social, los avances en materia de derechos sexuales y reproductivos, el respeto a la diversidad y sobre todo, la convicción de que el Estado debe dar respuestas a los nuevos desafíos que presenta la convivencia social.


[1] Para más información consulte: http://www.acuerdopais.com/ ([2]) Tomado de la propuesta del Gobierno Nacional para una nueva Constitución, presentado el día 5 de julio de 2007 a la comisión de juristas del Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas (Conesup). Vea documento completo en:www.presidencia.gov.ec/noticias.asp?noid=10137([3]) Yachak, en kichwa, que significa “el/la que sabe”, enseñador. De la palabra yachay: conocer, conocimiento.


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